El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Además de la pena, deberá pagar una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 819.000 dólares) y le fue impuesta una inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Se trata del fallo de primera instancia. La defensa anunció que apelará el caso.
Horas antes Uribe, de 73 años, escribió en X que estaba preparando la argumentación para sustentar su apelación.
"Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva", comentó.
"Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material. Y fundamentalmente la oración", agregó.
El expresidente, que considera su caso es una persecución política, se declaró inocente en el juicio.
En la audiencia de este lunes, la jueza Sandra Heredia dijo que había suficiente evidencia para determinar que el acusado había conspirado con un abogado para persuadir a tres exmiembros de grupos paramilitares que estaban en prisión a cambiar el testimonio que le habían dado a Iván Cepeda, un senador de izquierda que había iniciado una investigación sobre los presuntos vínculos del expresidente con un grupo paramilitar.
"Nunca tuve la iniciativa de buscar testigos, mandé verificar informaciones que llegaron del peregrinaje carcelario del senador Cepeda que visitaba presos y ofrecía beneficios para que me acusaran de paramilitar", explicó en sus redes sociales el expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
Uribe ha recibido el respaldo de Estados Unidos. Tras conocerse el fallo esta semana el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó un post en sus redes sociales tras conocerse el fallo esta semana. "La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", señaló.
Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Maria Elvira Salazar y Carlos Giménez, también cuestionaron el juicio contra el expresidente colombiano.
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